El Matiz

Buen momento éste , a falta de 6 días para que los nuevos MIR comienzen a elegir su plaza, para hablar de una trampa que se está poniendo de moda de cara a esta oposición. Se resume en la picardía de los extracomunitarios para saltarse su cupo y poder optar en igualdad de condiciones que cualquier estudiante que haya cursado sus estudios en España. La situación no es para tomársela a mofa, pues este año casi 6000 aspirantes eran extracomunitarios, por 7000 españoles. Alucinante proporción.

Éste no es un tema de xenofobia, y menos de racismo, sino una cuestión de calidad asistencial, de formación médica y recursos económicos malgastados. Para quien quiera empaparse del tema a fondo dejo aquí la dirección de la Plataforma MIR, creada para defender los intereses de médicos residentes, normalmente bastante desamparados dentro del estamento médico.

El quid de la cuestión es que a los estudiantes españoles y comunitarios se les supone una formación académica en medicina de alto nivel, con programas de estudios perfectamente reglados y basado en criterios de calidad. Es por eso que tanto españoles como médicos formados en la Europa comunitaria, además de Andorra y Suiza, pueden optar a las plazas MIR en igualdad de condiciones en total libertad. Ahora bien, el nivel de un médico de un país extracomunitario es difícil equipararlo al nuestro, y por ello, y también siguiendo las políticas de la Unión Europea, se establece un cupo en torno al 10% de las plazas ofertadas.

Y la trampa consiste en que un requisito para optar en igualdad a los españoles y comunitarios es tener un visado de estudios, por lo que muchos extracomunitarios aprovechan para apuntarse a algunos de los cursos de preparación del examen MIR con la excusa de querer profundizar en sus conocimientos. Aquí entra en juego otro factor importante: el interés de estas escuelas. Una vez obtenido el visado optan por presentarse a la oposición como cualquier otra persona que haya estudiado 6 años en España. De tal modo que el dinero invertido en los estudiantes de facultades españolas empieza a perderse, teniendo que presentarse en varias convocatorias para lograr plaza, hecho que hasta hace un par de años apenas existía.

Ni siquiera el argumento de que la competencia aumenta el nivel es válido aquí, pues el baremo de calificaciones de los extracomunitarios les beneficia, ya que se hace una media entre el resultado del examen y la nota media de la carrera. Aquí es donde el nivel de exigencia de cada país es fundamental. Ni siquiera nos podrán engañar asegurando, mediante charlatanería, que su país goza de una excelente calidad médica, pues Fidel Castro se encargó de tirar por tierra el supuesto mito de la medicina cubana, pues al enfermar recurrió a un médico español del Hospital La Paz de Madrid, quien tuvo que trasladarse hasta La Habana, fruto de la desconfianza del dictador en sus propios médicos, ya que los medios fueron los mismos.

Propongo revisar la ley y exigir un mínimo de 3 años de formación académica en medicina en España u otro país miembro de la UE para poder optar en igualdad de condiciones que los estudiantes de España y UE.

Ni mercantilización de la universidad ni desaparición de las becas. Todo es falso, puras mentiras. Tan falso como decir que la universidad sucumbirá al capitalismo más despiadado. Éstos, que son los principales argumentos de muchos de los que se oponen al Plan Bolonia y al EEES, no son más que interpretaciones muy personales y desviadas de la realidad realizadas por una serie de grupos con intereses propios.

La universidad no va a depender de las empresas, sino que la enseñanza se realizará teniendo en cuenta que la mayoría de esos universitarios se intentarán insertar en el mercado laboral. De modo que qué mejor que dirigir el aprendizaje hacia aquellas habilidades y aquellos conocimientos que más útiles sean en el ejercicio de una profesión. No obstante, no es tan novedoso este sistema, al menos no en las universidades privadas. En ellas, gracias a sus bolsas de trabajo y los acuerdos suscritos con distintas empresas líderes en sus sectores, se imparte una enseñanza orientada a formar profesionales capaces de desenvolverse en sus puestos de trabajo. Y precisamente de eso cojea la universidad pública, cuyo prestigio es indiscutible -al menos en términos caseros-.

Las becas son otro de los caballos de batalla para grupos antiBolonia, anticapitalismo y comunistas, pues forman un batiburrillo en el que es difícil distinguir a los unos de los otros. Algunos se aferran a la propuesta de que surjan becas-crédito para la realización de los máster, que no dejan de ser un complemento a los estudios de grado, que son los necesarios para acceder a oposiciones y demás puestos de trabajo. El máster supera con creces los requisitos mínimos y, como tal, no parece descabellado que el importe de la beca sea devuelta años después, cuando el desempeño de una profesión asegure una remuneración. Eso sí, las becas por baja renta, las Erasmus, así como otras ayudas (por lejanía al centro de estudios, para la compra de material académico, portátiles...) seguirán, en principio, como hasta ahora.

Sí hay un punto flaco, aunque es en el que menos énfasis han puesto estos grupos. La forma en que se está llevando a cabo la adaptación a Bolonia está siendo nefasta desde el punto de vista de la coordinación y la oferta de programas de estudio similares que faciliten la movilidad dentro de España. La culpa recae en la actitud del Gobierno socialista que ha decidido traspasar todas las competencias a las Comunidades Autónomas, que se han encontrado con un jaleo de mucho cuidado. A su vez éstas han delegado en cada universidad, acrecentado aún más las diferencias. Y aunque han proliferado las reuniones de decanos pertenecientes a distintas universidades el panorama pinta muy confuso, adaptando cada uno sus estudios a Bolonia como puede.

Y, por último, Bolonia no supone un paso atrás en nuestra calidad académica. Es más, siempre hemos pecado de soberbia al asegurar que nuestros universitarios sabían más y eran mejores, cuando la realidad nos devuelve a la tierra. Los alumnos con mejores expedientes intentar costearse estudios de postrado en prestigiosas universidades americanas o inglesas, mientras que muy pocos extranjeros deciden hacerlo en España. Sólo nuestras escuelas de negocios se encuentran a la cabeza mundial (IESE, Instituto de Empresa, ESADE...) y ésas sí que atraen sobresalientes estudiantes extranjeros. A partir de ahora, si se hacen bien las cosas, un graduado sabrá menos conceptos que un licenciado, pero se desenvolverá mejor en su puesto de trabajo al principio. En resumen, formación más práctica y menos teórica.

El Tratado de Bolonia da la oportunidad a las universidades españolas de situarse a la vanguardia europea, siempre y cuando sepan adaptarse correctamente el nuevo modelo de enseñanza. Por su propio interés, por el de aparecer en los rankings anuales de las mejores universidades europeas, deberían trabajar por implantar Bolonia como debe ser. Pero esto quizás sea lo que menos importa a quienes dependen de la universidad, empezando por alumnos y continuando por profesores.

Bolonia supone una revolución del sistema académico y no sólo por la reordenación de los títulos, lo que permitirá a los nuevos universitarios moverse con mayor facilidad por toda la Unión Europea una vez finalizados sus estudios. También introducirá un nuevo concepto de enseñanza más próximo al modelo americano o anglosajón, el cual se ha destacado por la alta calidad de su enseñanza y sus bien formados profesionales. En España sólo podemos presumir de licenciados y diplomados con vastos conocimientos que se encaminan irremediablemente hacia el abismo profesional.

Y ése es uno de los aspectos que pretende pulir Bolonia, enfocando las titulaciones hacia su posterior uso en el campo profesional, evitando profundizar en conocimientos que carecen de valor más allá del que aporta el propio saber, y ahondando en aquellos de mayor utilidad para la vida laboral y el desempeño de actividades profesionales. Está claro que esto no es ninguna mercantilización de la universidad, pero sobre falsos mitos de Bolonia hablaré otro día.

Ante todo creo que son las pequeñas universidades las que más pueden beneficiarse de la reforma educativa, pues pueden coordinarse de manera más eficaz para lograr implantar el modelo con garantías. Además ahora se abre la puerta a la creación de nuevos estudios a iniciativa de cada institución -con el aprobado del Ministerio- lo que puede poner de relieve los puntos fuertes de cada universidad convirtiéndola en referencia continental en ese campo.

Pero sobre todo hay que ser valientes y aprender del modelo americano sin olvidar que no todo es exportable, aunque sólo sea porque eso supondría un vuelco total a nuestra pésima educación secundaria. El Hospital Clinic de Barcelona fue osado y pionero en España al compaginar formación, investigación y sanidad y ahora es la referencia en el sector. Ése es un buen ejemplo de valentía a seguir para dotar de calidad a nuestro sistema universitario. Pero sobre todo que no sea a costa de que los alumnos deban invertir más horas de estudio y apenas puedan disfrutar de su juventud, pues algunos programas piloto están fracasando estrepitósamente al exigirles a los estudiantes el doble de lo habitual.

Esto es lo que se desprende de las intenciones del Gobierno para cambiar el sistema de becas y de esa manera premiar a aquellos que sean capaces de sacar la carrera curso por curso. Así que estos buenos estudiantes podrían hacer la carrera gratis, o casi, mientras que quienes pagarían los costes, y la nueva medida, serían aquellos que tuvieran que repetir asignaturas. Esto, que en teoría premia el esfuerzo, puede suponer un arma de doble filo.

Supongo que las becas en función de los ingresos se mantendrían, pues es algo independiente del éxito académico. Con este sistema parece que se intentaría viajar hacia un modelo más americano en busca de los mejores...o de los más astutos y espabilados; me explico. La idea es que la primera matrícula en cualquier asignatura sea gratis y que en caso de volver a matricularse la cuota ascienda de manera muy importante -con el objetivo de financiar todas aquellas primeras matrículas que se dejarían de recaudar- y esto nos puede llevar a situaciones curiosas en las aulas españolas.

No sería de extrañar que la media de años para muchas carreras se mantenga o, incluso, aumente ante el temor de que por mucho abarcar se apriete poco. De tal forma que los estudiantes optarán por no matricularse al curso completo y escoger las asignaturas en función de gustos, amistades, calendario académico... con lo que la ley del esfuerzo no será la que impere, sino la de la eficacia.

Pero si nos ponemos a malpensar también podríamos aventurar que existirán cátedras que ante la imperiosa necesidad de dinero verán este nuevo método como un recurso para lograr mayores ingresos aumentando drásticamente el nivel, llegando a un nivel de exigencia desproporcionado, que no nivel académico, que es muy distinto. Y lo de hacer exámenes al alcance de unos pocos cada año es una práctica bastante recurrente en nuestro sistema de universidades públicas, apreciándose de manera más clara en ingenierías y carreras técnicas.

De modo que quien se sepa planificar sus estudios puede sacárselos sin desembolsar prácticamente un euro, pero quien sea osado y los acontecimientos no se resuelvan a su favor ya puede ir preparando un buen fondo para lograr su título. Claro que esto no queda aquí, porque a partir de entonces será más complicado compaginar estudios y trabajo, enfermar antes de un examen además del varapalo moral supondrá todo un golpe bajo al monedero, y como los créditos varían su precio según carreras las habrá que serán todo un reto acabarlas sin arruinar a la familia o, en su defecto, muchos deberán cambiar de vocación sobre la marcha a titulaciones más asequibles. A mí no me gusta cómo pinta. Esfuerzo sí, pero con sentido común, porque quizás primero deberíamos cambiar la ESO.

En esta ocasión es el Ministerio de Defensa quien toma la iniciativa para paliar la crisis, pero no de los ciudadanos sino la del propio Ministerio a base de recaudar más a costa de las familias de los militares. Si éstos no están especialmente bien pagados y no tienen derecho a quejarse, ahora deberán afrontar un gasto mayor por el alojamiento de sus hijos en residencias de estudiantes.

El tema es apenas conocido, pues sólo afecta a un reducido grupo que puede gozar de alojamiento en una residencia militar de estudiantes durante sus estudios universitarios, como ocurre en ciudades como Valladolid, Santiago o Madrid, por poner un par de ejemplos. Sin embargo el aumento es desproporcionado, aunque siga siendo más económico que un colegio mayor privado, puesto que aquellos que abonaban 320€ mensuales ahora deberán afrontar el pago de 450€, lo que supone un espectacular aumento del 40%

Peor todavía para aquellos que pagaban en torno a 280€ y ahora desembolsarán 410€; un aumento del 46% Todo esto a partir del 1 de abril, es decir, de mañana mismo y sin haber avisado a los padres de los estudiantes de tal medida. Tan pronto como algunos residentes han recibido la noticia ha empezado a tomar forma la idea de diáspora de los estudiantes a piso para el próximo curso, lo que puede mermar seriamente la utilización de estas residencias de estudiantes.

Ya sé que alguno considerará que, a pesar de la subida, sigue siendo un chollo. Y lo es, pero tal chollo proviene de la cantidad mensual que cada militar destina de su sueldo a la financiación de la obra social del Ejército, aunque luego pueda o no hacer uso de ella. En definitiva puede que la ministra Chacón haya decidido aumentar los ingresos de Defensa a la par que incentivar el alquiler de pisos por parte de estudiantes universitarios. Y ya veremos si estos nuevos fondos revierten en la mejora de las residencias universitarias o si se destina a la retirada de tropas de Kosovo o insensateces del estilo.

Parece que al fin llegó la revolución y el típico curso académico universitario de octubre a junio con recuperaciones en septiembre tiene sus días contados. La mayoría de rectores apoyan el cambio y no ven más que ventajas. Consistiría en comenzar las clases en septiembre y finalizarlas a finales de abril o principios de mayo, dedicando el mes de julio (o junio, aunque esto me parece algo más justito) a las recuperaciones.

Ganan todos, o eso dicen. Los profesores dispondrían de más tiempo para formarse o acudir a congresos. Los alumnos disfrutarían del mes de agosto independientemente de su rendimiento académico y podrían planificar el verano sin ataduras, así como buscar un empleo estival. Y las universidades agradecerían el cambio potenciando sus cursos de verano, que ganarían en tiempo y alumnos.

La idea no es muy novedosa, pues algunas universidades, sobre todo privadas, ya lo llevan a la práctica o, al menos, una versión light de la misma. Parece que la Universidad de Salamanca, la de Málaga o la Carlos III de Madrid, entre otras, ya lo tienen programado y aprovecharán la coyuntura de Bolonia para instaurarlo. Yo también defiendo este nuevo calendario, del cual se muestra reticente el rector de la Complutense, lo que nos empezaría a asemejar al sistema universitario americano aunque sólo sea en esto. De lo demás seguiremos a años luz con o sin convergencia europea.

Con motivo de la festividad de cada facultad, lo que viene determinado por el patrón de la misma y el santoral, surge, año tras año, la polémica sobre cómo deberían desarrollarse. Ese día es el principal en cuanto a la obtención de fondos con los que financiar parte del viaje de fin de carrera, o de ecuador de carrera, según sea el caso. El problema es cómo se organiza y todo lo que conlleva, y para esto cada ciudad es un pequeño mundo. En Burgos el tema está de moda, pues se acercan las fiestas de Químicas y la Universidad ha decidido prohibirlas.

Ya el anterior Rector había expulsado tales fiestas del campus universitario, endosándole el embolado al Ayuntamiento, que no debería ser más que un mero espectador subsidiario. La buena voluntad del equipo de Gobierno municipal quedó reflejada al acceder durante 4 años a ceder un terreno próximo a las facultades y alejado de viviendas para tal menester. Ahí se montaba la tradicional carpa y fuera los jóvenes aprovechaban a hacer botellón. En Burgos, ciudad de clima ingrato, ésta era una de las pocas ocasiones en que los chavales, universitarios o no, realizaban un botellón en masa.

Los efectos de tales eventos son fácilmente imaginables: un montón de desperdicios por toda la explanada (pero más fáciles de recoger que en zonas aledañas al castillo) y una importante, en conjunto, ingesta de alcohol. Ni más ni menos que como en el resto de ciudades españolas que cuentan con universidad. El nuevo Rector, apenas votado por los alumnos, alega la prohibición por el hecho de que se vende alcohol en la carpa, aunque a nadie se le obliga a consumir, cosa que sí ocurre en discotecas de otras ciudades.

Ahora la pelota pasa primero por el tejado de la comisión organizadora de las fiestas de Químicas, pues ellos deben buscar la solución al conflicto, con nuevas propuestas y asumiendo aquello que más miedo da a los responsables municipales: un seguro por si ocurre algo y contratar la recogida de la basura que se genera en el entorno. La presencia policial y sanitaria ya es algo que debería ofrecer el Ayto. Sin embargo, parece que saldrá indemne (metafóricamente hablando) el causante de tal ajetreo, que no es otro que el Rector. Burgos pasa por ser la única ciudad del entorno donde no habrá fiestas universitarias a no ser que el Alcalde lo remedie, pues no en vano está bastante más sensibilizado con el problema que la UBU.

Otras universidades como Valladolid han amenazado durante años pero aún hoy se realizan las multitudinarias quedadas con motivo de la celebración de Medicina, Teleco, Industriales o Arquitectura, por citar algunas. En Salamanca, que por algo cuenta con 2000 Erasmus por menos de 200 en Burgos, la solución se ha encontrado llevando a la muchedumbre a un campo de fútbol apartado. Burgos se muere poco a poco para los jóvenes y la Universidad se encarga de inmolarse y arrastrar con ella a la ciudad. ¿Quién querrá venir a una ciudad de donde los jóvenes salen huyendo? Sin discotecas ni fiestas universitarias, sólo nos quedan nuestras "sositas" fiestas de San Pedro.

La Ministra Cristina Garmendia ha presentado "unos presupuestos austeros" en los que prima la investigación sobre la educación. Cierto que ella es una reputada investigadora pero no puede dejar tan de lado a la Universidad cuando se acerca el crucial momento de la convergencia universitaria europea, según el Tratado de Bolonia. La apuesta por I+D+i no parece ser suficiente como para justificar el recorte en educación universitaria (sólo aumenta el 2,8%, por debajo del IPC).

España anhela un sistema docente de calidad, de forma que los alumnos aprendan de verdad y salgan bien preparados para integrarse rápidamente en el competitivo mercado laboral. Y más aún si desean buscar empleo en el extranjero. Ante esta tesitura, Garmendia ha decidido incidir en innovación e investigación como nuevo motor económico. Ésto había que haberlo hecho mucho antes, no justo cuando se nos echa encima Bolonia y las universidades deben afrontar el radical cambio. Y además la partida dedicada a Aneca, vital para el nuevo Espacio Europeo, se congela.

Pero peor aún es que el Ministerio traslada el problema a las Comunidades Autónomas concediéndoles la ridícula suma de 13 millones de euros para hacer frente a ello, de modo que el Gobierno vende a las regiones. Y en cuanto a becas el Estado apuesta sólo por las becas del programa Sócrates-Erasmus, pero deja de lado la movilidad estudiantil en España (becas Séneca), algo que afecta seriamente a aquellos buenos estudiantes que desean realizar un curso en otra universidad sin miedo a que pueda resentirse su nivel académico. Y, por último, las ayudas al aprendizaje de inglés para jóvenes de 18 a 30 años, publicitadas por el propio Zapatero, se reducen de 85 a 61,5 millones de euros. Como ZP no sabe ni papa de inglés, quizás quiera que todos sean como él.